El gobierno presentó en la Legislatura un proyecto de ley que establece políticas en contra de la emisiones GEI y la creación de un «Plan Provincial» .

 

El gobierno provincial, a través de la Agencia ADI-NQN, que preside José Brillo, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que establece estrategias y políticas en contra de la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y plantea la creación de un “Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático“ .

El proyecto va en línea con la Ley Nacional 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Establece definiciones y directrices y señala que el Plan debe tener entre sus objetivos la generación y utilización progresiva de energías renovables; métricas de evaluación de impacto ambiental; monitoreo y manejo de riesgos y la preparación de la ciudadanía en general para los posibles cambios climáticos que se puedan observar en un futuro. Debe determinar los sectores responsables de las emisiones GEI y su cuantificación.

Además, fija la implementación de un relevamiento de zonas críticas para la detección de puntos pasibles de emisión de contaminantes.

En el Capítulo 4 del proyecto, establecen “Acciones y medidas mínimas de mitigación”, en diversos sectores económicos como la industria petrolera, industria y generación de energía.

Para el sector del upstream del oil & gas, tanto convencional como en Vaca Muerta, la norma establece la realización de un mapeo y un relevamiento de las zonas críticas que tengan actividad; así como la localización de las plantas de residuos sólidos empetrolados.

El proyecto promueve la incorporación de prácticas y tecnologías que permitan bajar las emisiones de GEl en actividades económicas como el transporte, la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la gestión de residuos.

Otro de los ejes de la ley es la promoción de las energías renovables de la generación distribuida de energía eléctrica, y de acciones de eficiencia energética, en busca de la incorporación de nuevas tecnologías que generen menos emisiones de carbono.

Además, el proyecto crea una comisión intergubernamental un consejo asesor para coordinar el alcance de la norma. Mientras la comisión tendrá por función articular políticas ambientales y de mitigación a nivel estatal y con los distintos municipios, el consejo estará compuesto por científicos e investigadores y colaborará en la generación y puesta en funcionamiento de políticas públicas.