La norma 170/2024 lleva la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y del responsable de la cartera sanitaria, Mario Antonio Russo.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles el decreto que desregula las obras sociales para los trabajadores que están en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, sindicalizados, monotributistas, entre otros, con su publicación en el Boletín Oficial.
Además, especifica: «El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma entidad de medicina prepaga”.
El decreto instruye a la Administración de Federal de Ingresos Públicos y a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar las medidas complementarias y deroga los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 9 del 7 de enero de 1993, el Decreto 638 del 11 de julio de 1997 y la Resolución Conjunta 170 del exministerio de Salud y Acción Social, así como el Decreto 334 del exministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y el 241 del exministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 18 de marzo de 1998.
«El presente decreto comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial», concluye la norma.
La desregulación de obras sociales
La medida fue adelantada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmo que el gobierno impulsaba la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.
«Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación», dijo Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada.
La norma se ampara en lo establecido en el DNU 70/2023 de diciembre del año pasado, a través del cual el presidente Javier Milei pretende afectar los fondos de los trabajadores que reciben los sindicatos para las obras sociales.
Según se anticipó, el decreto nuevo se va a conocer en las próximas horas y será publicado a partir de mañana en el Boletín Oficial. Todo se encuadra en la pelea que mantiene el gobierno con la CGT por el rechazo a la reforma laboral.
¿Qué es lo que cambia ahora?
“Ahora, con el DNU, el cual tiene más margen de maniobra que un decreto simple, se permite el ingreso directo de las prepagas. La ventaja es que el 100% del aporte de los trabajadores va a la cobertura sanitaria dado que se evita la comisión a la obra social que opera como un mera pantalla”, señala el informe.
La consultora que dirige el economista Jorge Colina señala que “para que esto funcione correctamente, hay que resolver el problema de los hogares que, por su mayor tamaño o bajos salarios, tienen un aporte per cápita insuficiente para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
“Este desafío se puede resolver replanteando el uso del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo se constituye por aproximadamente el 15% de los aportes salariales al sistema. Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, para el acumulado a septiembre 2023, se observa que:
- En subsidios a las obras sociales para compensarlas por gastos en servicios sociales a la discapacidad se asignaron $185 mil millones.
- En subsidios a las obras sociales para compensarlas por gastos en tratamientos de alto costo se distribuyeron $23 mil millones.
- En subsidios a los trabajadores de bajos ingresos a fin de que eleven su aporte per cápita familiar apenas se utilizaron $4 mil millones.
