El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó hoy a 14 exmilitares y expolicías en el juicio Escuelita VII – Taffarel, que abarcó los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 20 personas durante la última dictadura cívico-militar.
Los exmilitares Osvaldo Páez, Walter Tejada, Oscar Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Jorge Ezcurra, Norberto Condal, Carlos Alberto Taffarel y Jorge Granada fueron condenados a prisión perpetua al igual que el exagente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.
El tribunal los consideró responsables de los delitos de la privación ilegal de la libertad y tormentos que sufrieron las víctimas y del homicidio de 8 de ellas.
Juan José Capella, expiloto del Ejército, recibió 12 años de prisión como partícipe secundario de los secuestros, tormentos y violación. Mientras que los expolicías Desiderio Penchulef, Miguel Ángel Cancrini y Gerónimo Huircain recibieron entre 6 y 5 años como partícipes necesarios en algunos de los hechos.
El tribunal también hizo lugar a la ampliación de la acusación respecto de los delitos sexuales y condenó a 9 de los acusados por abuso deshonesto y por violación, crímenes que por primera vez fueron juzgados de manera autónoma en la provincia.
El ex jefe de la Policía Federal de Neuquén, Jorge Alberto Soza, fue el único de los acusados que no fue condenado. A partir de un planteo de su defensa, se declaró la nulidad de su indagatoria y los actos posteriores.
El juicio comenzó en diciembre del año pasado y analizó los hechos ocurridos en su mayoría entre el 9 y el 15 de junio de 1976 en ciudades de Neuquén y Río Negro durante el “Operativo Cutral Có”.
Durante el debate quedó demostrado el alto grado de organización que tuvo el accionar represivo en esa zona: los y las detenidas pasaron por diferentes centros clandestinos de detención y luego fueron llevados en vuelos clandestinos al CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca, que funcionaba en un predio del V Cuerpo del Ejército.
Posteriormente, algunas recuperaron su libertad; otras fueron trasladadas a otros centros de detención, donde la dictadura reconoció que las tenía detenidas, y ocho de ellas continúan desaparecidas.