Con cada cambio de autoridades en el gabinete nacional, se reflota la discusión sobre la aplicación de retenciones para las exportaciones mineras. El ámbito empresario minero considera a este tipo de carga fiscal distorsiva e ilegal, sea cual sea el esquema que se le pretenda aplicar, y demanda que se respete a rajatabla la Ley de Inversiones Mineras.
Si bien la Secretaría de Minería sigue al mando de la catamarqueña María Fernanda Ávila, la modificación del organigrama, que unió el Ministerio de Desarrollo Productivo con el de Economía a cargo de Sergio Massa, vuelve a poner en cuestionamiento algunas definiciones políticas.
La llegada de la secretaria de Energía, Flavia Royón, activó el rumor de que se podría unificar bajo su órbita el área de Minería, dado su expertise con el litio en Salta. A esa posibilidad se le agregó la queja de las empresas que no encuentran interlocutores de peso en el seno de Ávila, lo que los lleva a advertir sobre una “fase gris” en la cartera minera que no se termina de esclarecer.
En este contexto, Massa generó mucha expectativa en el sector con un anticipo en su cuenta de Twitter hace unos días: “Finalizamos la semana analizando, junto a Royón, Ávila y el equipo del Ministerio de Economía, las próximas medidas de alivio fiscal para los sectores productivos y economías regionales”.
Qué se busca
De acuerdo con la información que pudo recabar este medio, el objetivo que se persigue es promover la inversión minera con un mayor acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para que puedan repagar sus inversiones en el exterior. “Lo que están analizando es algún mecanismo para liberar un poco más las divisas para las empresas para el pago de importaciones, pero sobre las retenciones no se esperan noticias”, se sinceró un directivo de una minera que prefiere no dar su nombre.
Sin embargo, los mineros tomaron nota de las declaraciones que hizo un funcionario de otra área que también está bajo la órbita del superministro Massa sobre las retenciones a la exportación y aspiran a poder plantear la misma necesidad para su actividad.
En efecto, fue el propio secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien planteó públicamente la necesidad responder al histórico reclamo del campo y salir del actual sistema de retenciones: “Empecemos ya a pensar en cómo ir saliendo del esquema”, planteó en el 5.º Congreso Internacional de Coninagro.
Las retenciones
Por el momento, el oro tiene prevista la aplicación de un 8% hasta fines de 2023 como parte de un decreto que marcó la extensión de la Ley de Solidaridad, -que, según los mineros, es por definición es una normativa de emergencia y, por lo tanto, provisoria-.
En tanto, las retenciones de los otros minerales metalíferos, como la plata, y también las del litio, siguen plantadas en un 4,5% según el decreto 1060, que no plantea en su texto ningún vencimiento para su vigencia que deba ser atendido.
Los referentes de las empresas sostienen que un decreto se puede modificar más fácilmente que una ley y, por esa razón, insisten en que van a remontar el reclamo por el cumplimiento de la estabilidad fiscal previsto en la Ley 24196 de Inversiones Mineras, que alienta el arribo de inversiones y no la incorporación de medidas no previstas en su normativa.
En tanto, para el cobre –que, si bien hay siete proyectos muy importantes en desarrollo, no se produce actualmente en el país-, el exministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, antes de renunciar, un nuevo esquema de retenciones móviles y optativas.
La medida apunta a que las nuevas inversiones mineras para proyectos de cobre que quisieran reemplazar la alícuota fija hoy vigente (del 4,5%) podrán elegir por un sistema de derechos de exportación “progresivos” en función del precio, con un rango entre 0 y 8%.
Hasta el momento, ninguna de las empresas a cargo de los siete pórfidos de cobre avanzados, pero sin desarrollar – Josemaría, El Pachón, Los Azules, Altar, Filo del Sol, en San Juan, Agua Rica, en Catamarca y Taca Taca, en Salta- optaron por la propuesta del Gobierno nacional de aplicar un modelo progresivo para pagar retenciones.
“Es muy pronto todavía, lo último que manifestamos es que lo estamos evaluando”, señalaron desde la firma Josemaría Resources, del Grupo Lundin, a cargo del proyecto más próximo a iniciar su fase de construcción.
En tanto, la primera crítica del sector apuntó a que el nuevo marco no incorporaría progresividad, tal como se quiere instaurar desde el Palacio de Hacienda, sino que se trata solamente de un esquema de retenciones variables sobre el precio y que esto, lejos de generar certidumbres, sólo potencia el riesgo, sobre todo a largo plazo.
