Mediante la intervención de Defensoría del Pueblo, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Neuquén la presentación y ejecución de un plan de obras en complejos de viviendas de Santa Genoveva dañadas por las aguas subterráneas.
En diciembre de 2021, el Juez Gustavo Belli hizo lugar a la medida cautelar innovativa presentada por la Defensoría del Pueblo para que ordene a la Municipalidad de Neuquén a presentar un plan de obras a realizar en edificaciones de un sector del barrio Santa Genoveva, afectadas por la escorrentía de aguas subterráneas. En ese sentido, el fallo judicial resolvió otorgar al órgano ejecutivo municipal un plazo de 60 días para conocer el plan y ejecutar las reparaciones en las viviendas.
La medida forma parte del expediente judicial 100329/19, mediante el que se tramita el amparo presentado oportunamente por la Defensoría del Pueblo y vecinos de Santa Genoveva contra la Municipalidad y el EPAS a raíz de los daños en sus viviendas, la afectación negativa ambiental y el perjuicio colectivo calles abajo en un sector del mencionado barrio.
Cabe recordar que en 2018 vecinos de las calles Camino, Basavilbaso, Villegas y Alberti denunciaron daños en sus propiedades, dando lugar a actuaciones que finalizaron con la acción judicial. En abril de 2019, y en el marco de una audiencia extrajudicial, se acordó como medida urgente realizar un cateo en un sector próximo para determinar posición y profundidad de la escorrentía subterránea como posible causa de la problemática. En mayo de ese año se realizó la toma de muestras de agua y se investigaron las fundaciones y suelos de los dúplex afectados. Consecuentemente, el municipio presentó los informes “Obra de ampliación drenaje calle Miguel A. Camino B° Santa Genoveva” y “Proyecto estudio de aguas sub superficiales pluvioaluvionales y obras de prevención en la zona delimitada por las calles Independencia, Avenida Argentina, Leloir y el río Neuquén”, tendientes a corregir la afectación de la mencionada problemática. De igual modo, en octubre de 2021 la subsecretaria municipal de Infraestructura informó que, en una recorrida por las viviendas afectadas, se observó que no se registraron cambios sustanciales en las fisuras de las viviendas. Según indica el informe municipal, “el hecho de que el avance de la fisuración no haya tenido cambios de relevancia, no significa que se detuvo el proceso de forma definitiva”.
Por ello, y atento al peligro en la demora y el grave daño irreparable que podría producirse en las viviendas afectadas, el juez Gustavo Belli hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo y ordenó a la Municipalidad a presentar un plan de obras en un plazo de 60 días y ejecutar las reparaciones pertinentes en los complejos de viviendas que motivaron el amparo.
En sus argumentaciones, Riva solicita se trabaje para mitigar el riesgo ambiental y las posibilidades de colapso de las redes de servicios públicos como consecuencia de las edificaciones que se construyen en el sector.
