Mediante el Decreto 1057/24, el Gobierno Nacional reglamentó el capítulo VI de la Ley Bases, introduciendo modificaciones relevantes a las leyes de Hidrocarburos (N° 17.319) y Gas Natural (N° 24.076). Este avance busca modernizar el sector energético argentino con un enfoque en la transparencia, la competencia libre y la integración al mercado global.
Entre las principales disposiciones, destaca la adopción de precios energéticos en sintonía con los valores internacionales, ofreciendo certidumbre a los inversores y fomentando un entorno competitivo. Este enfoque reduce la intervención estatal y consolida el rol del sector privado como motor del desarrollo energético.
La normativa asegura la libertad en el comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados, permitiendo a las empresas exportar sin restricciones, salvo en circunstancias excepcionales en las que la Secretaría de Energía pueda intervenir temporalmente para garantizar el abastecimiento interno.
Respecto a las exportaciones, se establece un marco de seguridad jurídica que garantiza la continuidad de los acuerdos internacionales durante su vigencia. Esto representa un beneficio significativo para el comercio de gas natural licuado (GNL), fundamental para que Argentina refuerce su posición en el mercado energético global.
El decreto también abarca actividades como el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, mediante un esquema de autorizaciones y habilitaciones. Estas herramientas normativas, innovadoras en el sector, proporcionan un marco preciso para operaciones críticas, promoviendo la eficiencia y atrayendo capitales.
Uno de los objetivos principales de la reglamentación es explotar al máximo el potencial de Vaca Muerta, una de las reservas más importantes de hidrocarburos no convencionales en el mundo. Este recurso estratégico es clave para que Argentina se consolide como líder mundial en producción energética.
La apertura del mercado y la incentivación de la inversión privada son pilares de un modelo que busca posicionar al país como referente en innovación y desarrollo energético. La transición hacia un sistema menos dependiente del control estatal apunta a aumentar la competitividad y la sostenibilidad del sector.
El gobierno también destaca la necesidad de establecer reglas claras y predecibles para reforzar la confianza de los actores internacionales. Estas medidas garantizan un entorno estable para el comercio y el desarrollo de infraestructura energética en el territorio nacional.
Con este decreto, se avanza hacia un sistema en el que el Estado actúa como facilitador, cediendo el protagonismo al sector privado. Este enfoque busca maximizar los beneficios económicos, generar empleos y estimular la innovación tecnológica.
La reglamentación del capítulo energético de la Ley Bases marca un hito en la transformación del sector energético argentino. A través de estas políticas, el país aspira a consolidarse en el mercado global y fomentar un desarrollo sustentable y competitivo.
